De propietaria a inquilina por una obra fuera de norma
Graciela Achaval creó la cuenta "Vecinos Afectados por Obras en la Ciudad" para visibilizar situaciones como la que tuvo que vivir: su casa quedó partida a la mitad e inhabitable debido a una construcción lindera que sigue vigente. Ahora no le queda otra más que alquilar.

En la calle Campichuelo al 600, en el barrio de Caballito, una obra en construcción provocó el derrumbe parcial de una vivienda. Durante el programa Sin Fin, Graciela Achaval, propietaria del inmueble afectado y creadora de la cuenta Vecinos Afectados por Obras, relató el proceso que la llevó a perder su hogar. "Hasta que no te pasa, hasta que no te toca, no tomás dimensión de lo que significa", asegura.
La obra fue aprobada bajo un régimen de excepción en 2018, lo que permitió edificar fuera del código de planeamiento urbano. Para ello, la empresa pagó cerca de 3 millones de dólares al Gobierno de la Ciudad. Achaval recuerda que, desde la demolición de la construcción anterior, "empezaron a notar rajaduras y dificultades funcionales".
En abril de 2023, la excavación generó una grieta que partió su casa en dos. "Amanecimos y vimos que había una rajadura enorme que iba desde el techo hasta el piso", relata. Cuando la mampostería comenzó a desmoronarse, las instalaciones de gas y agua quedaron inutilizadas: se vio obligada a mudarse.
El proceso judicial avanza con demoras
Según Achaval, el problema radicó en la falta de apuntalamiento de la medianera. Sin embargo, aún se espera la pericia judicial que determine si el error estuvo en la colocación de los pilotes o en la omisión de refuerzos estructurales. "Otras dos viviendas también sufrieron daños", explicó.
La obra estuvo paralizada durante un año y en abril de 2024 se retomó la construcción, alcanzando ya el tercer piso. Mientras tanto, Achaval tuvo que alquilar por su cuenta. Aunque una de las vecinas recibió una indemnización parcial, los demás afectados continúan sin respuestas. "La empresa no se hizo cargo", denunció.
La vecina asegura que la empresa utilizó maniobras para dilatar la notificación de la demanda. "La etapa de mediación, que normalmente dura un mes, con ellos tardó seis", explica. La notificación judicial, otros seis. Mientras tanto, la obra continúa sin impedimentos.
“La mampostería comenzó a desmoronarse y las instalaciones de gas y agua quedaron inutilizadas”.
"Cuando nos tocó a nosotros, nos dimos cuenta de que no era un caso aislado", afirma Achaval, que se suma a una lista de damnificados por construcciones de este tipo. Además, considera que existe un problema estructural con la aprobación de estas obras y con la falta de control estatal sobre su impacto en los vecinos. “A nadie le pasa nada: ni a la empresa, ni al gobierno, ni a la justicia”, señaló.
Achaval manifiesta que, además de perder su hogar, debió enfrentar el desgaste emocional y económico de un litigio prolongado. "De un día para el otro, tu vida cambia completamente y te encontrás peleando con una estructura que busca ganar tiempo", reflexiona.
Mientras la obra avanza, los damnificados esperan soluciones. La vecina alertó sobre la necesidad de mayor control y regulación en este tipo de construcciones para evitar que otras familias pasen por lo mismo. "Esto le puede pasar a cualquiera, y cuando pasa, estás solo", advirtió.
Otras textuales de Graciela Achaval:
- "Nos dicen 'pueden seguir viviendo ahí', pero ¿quién se arriesga a vivir en una casa que se puede desplomar en cualquier momento?".
- "Las empresas crean estructuras jurídicas enredadas para dilatar los procesos; juegan con el tiempo para que pasen los años sin resoluciones".
- "El Estado permite que esto pase y nadie se hace responsable. La empresa sigue construyendo y nosotros seguimos sin hogar".
- "Nuestra casa tiene que hacerse nuevamente".
