Una organización impulsa la penalización de los crímenes ambientales
El colectivo que coordina Constanza Soler busca que el Congreso debata una ley para proteger la naturaleza como sujeto de derechos y frenar la impunidad de quienes destruyen ecosistemas.
El ecocidio es un concepto que, desde hace décadas, se busca que sea reconocido como un crimen internacional. Abarca desde incendios intencionales hasta la destrucción de ecosistemas por derrames de petróleo y la afectación masiva de la fauna. Sin embargo, aún no está tipificado dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que impide que se persiga y castigue a nivel global. En Argentina, la organización Argentina Sin Ecocidio busca cambiar esta situación.
El colectivo es impulsado por la coordinadora regional de Stop Ecocidio Internacional, Constanza Soler, que plantea la necesidad de una ley que criminalice los delitos ambientales en el país. "Nuestra fundación trabaja en dos vías: por un lado, en el ámbito internacional, buscamos que se reforme el Estatuto de Roma para que el ecocidio sea considerado un crimen de lesa humanidad. Por el otro, promovemos legislaciones nacionales que tipifiquen este delito dentro de los países", explicó Soler en el programa Sin Fin, conducido por Mariela Bosqui.
Una ley modelo
Algunos países de la región, como Chile, Brasil y Perú, avanzaron con legislaciones específicas sobre el tema. En Argentina, aunque existen leyes que regulan el impacto ambiental, como la de incendios forestales, estas están enmarcadas dentro de la competencia de la seguridad pública. "Necesitamos una normativa que proteja a la naturaleza como sujeto de derechos, reconociendo que los ecosistemas deben ser preservados más allá de su utilidad para los seres humanos", agregó la coordinadora.
Para Soler, casos como la deforestación masiva en el Gran Chaco, los incendios intencionales en los humedales del Delta del Paraná y la contaminación por derrames de petróleo en Vaca Muerta evidencian la urgencia de una legislación más contundente. A pesar de los reclamos de organizaciones ambientales y comunidades afectadas, “las sanciones actuales son insuficientes para prevenir estos desastres”.
A nivel internacional, la organización impulsa una ley modelo que permita unificar criterios y definir patrones comunes para la legislación de distintos países. La idea es que las naciones puedan adoptar estos lineamientos y fortalecer la protección ambiental desde una perspectiva jurídica. "Necesitamos que la ley ingrese al Congreso y que se debata ahora. Cada año que pasa, vemos que la destrucción de la naturaleza empeora", advirtió Soler.
Actualmente, existe un anteproyecto elaborado por el doctor Miguel Ángel Asturias, director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), que recoge la definición internacional de ecocidio y la adapta al derecho nacional.
La iniciativa de "Argentina sin Ecocidio" también busca generar conciencia y presión a través de la ciudadanía y de referentes legislativos. En 2023, la diputada Margarita Stolbizer y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel participaron del debate sobre la propuesta. Además, la petición en la plataforma Change.org reúne miles de firmas en apoyo a la iniciativa.